Los escarceos jurídicos originados por las declaraciones de la empresa constructora brasileña Odebrecht, ante un tribunal estadounidense, se han enmarcado en “conversatorios” del Ministerio Público con personas que de una manera u otra estuvieron vinculadas a las actividades de la empresa extranjera en el país. Es cuestionable que las autoridades dominicanas hayan aceptado como bueno y valido la cifra de 92.5 millones de dólares, durante quince años, en diez y nueve contratos de construcción de obras con tres gobiernos diferentes.

La aceptación del valor proporcionado por Odebrecht como soborno pagado por parte del Gobierno Dominicano, es la expresión de que institucionalmente, no tenemos mecanismos para cuantificar el verdadero valor del perjuicio económico sufrido por el Estado Dominicano. Como premisas se puede partir de las diferencias de los contratos originales y el valor resultante de la ejecución de los mismos. Conforme a un artículo anterior, publicado en este mismo medio, precisamos que esas diferencias ascendían a 1.174.5 millones de dólares, por lo que “el desprendimiento” de Odebrecht de pagar el duplo de los 92.5 millones, no cubriría ni el 20 % del valor calculado como sobrevaluación.

En las condiciones de pago de los ciento ochenta y cuatro millones aceptados por el Gobierno Dominicano, se aprecia cierta debilidad, pues en materia de acuerdo de pago de deuda con el Estado, las propuestas institucionales son: un primer pago, equivalente a un 30 % y el resto para pagarlo dentro de los próximos 48 meses, en cantidades iguales y consecutivas. Con Odebrecht no sucedió así, el acuerdo fue de un 16 % (treinta millones de dólares) a la aceptación de las partes y 8 pagos anuales del resto pendiente.

Antes de cerrar cualquier acuerdo, las autoridades dominicanas deben de tratar de que la parte restante del valor acordado con Odebrecht, no se convierta en una cuenta por cobrar con posibilidades de irrecuperacion, más aun, por los acontecimientos fortuitos que pudieran afectar a esa empresa en el futuro inmediato, por lo que recomendamos negociarla con un factoring y asa evita convertirlos en cobradores compulsivos.

Según el Ministerio Público el caso de Odebrecht todavía está en fase de investigación para los posibles inculpados criollos, pero para la empresa extranjera, con el precio dado por ella misma a las operaciones de sobornos, su participación ha sido sobreseída, puesto que continuará con el desarrollo del proyecto más voluminoso contratado en el país. “Chilo” tenía razón.

Por Julio Gutiérrez Heredia