La respuesta al vacío de poder en el que ha quedado Bolivia tras la anunciada renuncia del presidente Evo Morales, y de las autoridades que podrían sucederle constitucionalmente, está en manos de la Asamblea Legislativa y tendrá que pasar por un acuerdo político.

Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, anunciaron la tarde del domingo que renunciaban a sus cargos en un video transmitido por el canal estatal, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas las respectivas cartas de dimisión.

También han renunciado los presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambos oficialistas, y los siguientes en la línea de sucesión constitucional.

LO QUE PASÓ EN 2005

Un antecedente de una situación similar en Bolivia se produjo en 2005, cuando el entonces presidente Carlos Mesa renunció asediado por conflictos sociales.

Mesa había asumido la Presidencia del país en 2003 tras la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada en el llamado «octubre negro», una revuelta social en contra de la decisión gubernamental de exportar gas boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno.

En medio de la crisis de 2005, renunciaron a su derecho constitucional a suceder a Mesa los entonces presidentes del Senado, Hormando Vaca Díez, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, al no haber un vicepresidente que pudiera asumir en reemplazo del entonces gobernante.

Asumió la Presidencia el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, en junio de ese año para convocar en diciembre a las primeras elecciones generales que ganó Evo Morales.

Esa figura estaba permitida en la Constitución que rigió hasta antes de 2009, pero la Carta Magna promulgada ese año por Morales no la contempla, explicó a Efe el abogado constitucionalista Gonzalo Hidalgo.