Las recientes filtraciones de nuevas argucias de la empresa brasileña, detectadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), donde se refieren a una suma de dinero calculada en 39.5 millones de dólares, que no fueron consignados en las declaraciones originales, relacionadas con los 92.5 millones de dólares declarados por funcionarios de Odebrecht como sobornos, nos obliga a reconsiderar el paso de esa empresa durante casi 20 años en los procesos de construcción de obras del sector público. Las diez y siete de obras de ingeniería, em adicion de Punta Catalina, fueron otorgadas por un valor total de 6,355.9 millones de dólares, que calculado a la tasa actual de la relación pesos-dólar, asciende a más de 320 mil millones de pesos.

Tomando en consideración el volumen de dinero manejado por la empresa brasileña y, el valor que ella testimonio ante un tribunal estadounidense como soborno dado a las autoridades dominicanas, es una suma insignificante, pues 92.5 millones de dólares no representa ni el uno por ciento de lo contratado, al menos que se adicionen otras partidas como aportes a las campañas electorales, como otro elemento a investigar. Todo esto ha creado una especie de conjeturas en círculos políticos, debido a la intervención de la empresa constructora internacional, de nombre Odebrecht en los asuntos internos dominicanos. Para el Ministerio Público este caso se ha convertido en una materia difícil de superar, pues en otros países los culpables están todos identificados y aquí “no están todos los que son ni son todos los deben estar”.

En la mayoría de los contratos se violaron disposiciones establecidas en la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación No.490-07. Para precisar sobre el objetivo del título de este artículo, veamos qué dice el Artículo 117 del Reglamento 490-07: “Artículo 117. La entidad contratante podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un veinte y cinco por ciento (25%), el monto del contrato original de obra pública, y hasta el cincuenta por ciento (50%) en el caso de la contratación de servicios, en ambos casos, siempre y cuando se mantenga el objeto contractual y cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público y el objetivo del contrato”. Las Adendas a los contratos con Odebrecht no solo violaron los porcentajes establecidos en el referido Artículo 117, sino que sobrepasaron ventajosamente para los intereses de esa empresa y sus consorciados.

Excepto el proyecto de Punta Catalina, de los diez y siete restantes, ocho se beneficiaron con Adendas. Esos ocho proyectos sumaron 1,081,3 millones de dólares. En cambio, las Adendas alcanzaron la suma de 1,046.7 millones de dólares. Esto significa un 98 por ciento de los contratos originales, en franca violación a la Ley 340-06 y sus modificaciones. De acuerdo al análisis realizado a los 17 proyectos, tres de ellos (Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino y Carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar) se ejecutaron por encima del cien por ciento, gracias a las Addendas.

Odebrecht y los consorciados utilizaron el mecanismo de las Adendas para sobrevaluar los proyectos y mediante esa forma se establecían los márgenes para las coimas y sobornos, que le permitía ser favorecida con las adjudicaciones de las obras. Con las termoeléctricas de Punta Catalina, el método de las Adendas se cambió por la presentación de una oferta inflada, mediante la aprobación de la propuesta con mayor valor y sin contar con la experiencia en construcción de plantas eléctricas. Durante los cinco años que tiene el proyecto en construcción, las autoridades dominicanas han intentado alejar a Punta Catalina de la trama de los sobornos, al extremo de obviar una “página 14” del informe de la Procuraduría General de la República, relacionada con los encartados, pero los últimos acontecimientos han destapado unos 39.5 millones de dólares relacionados con el pago de sobornos en el país y todo apunta que esa suma se dirige a esas termoeléctricas.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense