Existen diferentes tipos de apalancamientos: positivo, negativo y neutro. El positivo es cuando el financiamiento es usado para actividades productivas y la tasa de interés que se paga es menor que la alcanzada en la tasa de rendimiento de la empresa. En cambio, el apalancamiento es negativo cuando sucede todo lo contrario del positivo. El apalancamiento neutro es cuando la utilización del financiamiento no reporta ningún tipo de reacción, es decir llega a un punto de indiferencia.

En el sector público el efecto del apalancamiento no se toma con la seriedad que amerita y como lo conciben los administradores de las empresas privadas. En primer lugar, los administradores de los bienes del Estado no manifiestan la preocupación de tomar prestado a tasas de intereses estrictamente negociables y también que la extinción de la deuda no será de su competencia. Esta aseveración se puede confirmar con el tratamiento dado a los déficits presupuestarios a partir del año 2008, ya que los financiamientos obtenidos han sido para cubrir el servicio de las deudas interna y externa del país.

Para evitar un apalancamiento desproporcionado o negativo, el Gobierno Dominicano como administrador de los bienes de la Nación y responsable de la ejecución del presupuesto público, debe analizar cuál es el nivel aceptable del volumen de la deuda pública y lo que implicaría el riesgo financiero al no poder cubrir los pagos en el futuro mediato.

Prácticamente el financiamiento requerido por el Gobierno Dominicano en los últimos años, ha sido para cubrir los déficits presupuestarios. Cuando analizamos la composición del Gasto Publico, observamos que los gastos corrientes superan en demasía a los gastos de capital, por lo que el dinero recibido en calidad de préstamo se concentra en servicios personales, no personales, materiales y otros recursos, de donde se desprende que debe imprimírsele calidad al gasto gubernamental. En tal sentido, insistimos en los cuatro ejes fundamentales de la ejecución del gasto, que son: educación, salud, agricultura y obras públicas, las demás necesidades se desprenden de una buena ejecutoria presupuestal.

Según el Boletín Informativo del Banco Central de la República Dominicana, fechado a marzo del 2017, la deuda mediante la emisión de Bonos Soberanos, representa un 62.2. % del total de la deuda externa del país: mientras, los préstamos con instituciones financieras multilaterales y unilaterales, alcanza el 37.8 % de ese total.

Si el Estado Dominicano se concibiera como una corporación, ya estuviera corriendo el riesgo de la insolvencia, primero por el incremento de la amortización, y segundo por el abultamiento paulatino del volumen de la deuda. En ese sentido, al medir el peso del costo de la deuda hasta el 2016, se calculan en más de un 20 por ciento de los ingresos tributarios; por lo que, en términos monetarios, el pago de los intereses ascendieron el año pasado, a unos 92 mil millones de pesos, representando este valor un aumento de un ciento por ciento de lo pagado en el 2008.

Se considera a la Republica Dominicana como uno de los países de la región con menor inversión pública como porcentaje del PIB. Esta situación podría generar en una crisis si se mide en la capacidad de generación de bienes productivos del país; mayor aún, si el endeudamiento utiliza como vía, recurrir a los mercados financieros internacionales mediante la emisión de Bonos Soberanos, donde las tasas de intereses suben cada vez más. Es inaudito que el Gobierno dominicano se maneje sin observar los procedimientos de las normas del sector público (NSP’s), contando con ministros que proceden del sector privado, que conocen los nefastos resultados de un apalancamiento desmesurado.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA