Uno de los aspectos que ejercen mayor influencia negativa en el sistema democrático de un país, es el “capitalismo clientelar”. Se podría decir que es donde se anida de manera indirecta el germen de la corrupción, debido a que el Estado, conjuntamente con sus instituciones (Ministerios y Departamentos), es puesto al servicio de un partido, y a veces, de un grupo de ese partido, para favorecer sus intereses (económicos, políticos y sociales). El secuestro de un país se inicia cuando los poderes del Estado están controlados por una elite política que se resiste a la igualdad de oportunidades, ignorando las aspiraciones de los ciudadanos.

Javier Pradera en su libro “Corrupción y Política. Los costes de la democracia”, considera tres tipos de colores que adornan la corrupción: blanca, gris y negra. Expresa el autor, que la primera arrastra a las demás, ya que la política clientelar (corrupción blanca) propicia el nombramiento de jueces y fiscales identificados ideológicamente con el partido en el poder. A partir de esas acciones, la tonalidad blanca se va oscureciendo (de gris a negro), cuando se amañan las licitaciones para las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte de las instituciones del Estado; la recepción y utilización de dinero proveniente de empresas relacionadas con los poderes fácticos para las campañas del partido gobernante; desde luego, a cambio de favores en el futuro inmediato.

En la medida en que el Estado aumentó sus presupuestos, los agentes corruptores entienden que deben recibir su tajada del pastel, sin importar que el abultamiento de las cifras presupuestarias son como consecuencia de un incremento en la deuda pública, cuyo único objetivo es financiar el déficit fiscal, que viene cargando sobre sus espaldas el pueblo dominicano por más de una década. Es una situación económica, que a pesar de que las autoridades monetarias del país pretendan cosmetizar la desigualdad que se experimenta en la distribución de la riqueza, solo hace pensar que los bienes de producción también están secuestrados.

La ética laboral en casi tres lustros ha sido destruida con las diferencias abismales de los niveles de sueldos. En algunas instituciones se pueden encontrar decenas de “asistentes y asesores” ganando más de 150 mil pesos mensuales, y en cambio, empleados a tiempo completo, desempeñando una labor importante, reciben sueldos que no compiten con la canasta familiar diseñada por el Banco Central.

Con el tema de la globalización comercial, los secuestradores se han olvidado de la producción nacional. Renglones que en tiempos atrás el país era líder en producción, ahora es un tímido importador, como son: el café, la leche y sus derivados, el azúcar, los granos, etc. Todo esto por no existir una política seria y una adecuada programación de los ciclos productivos en las zonas preponderantes de su desarrollo y las asistencias a tiempo de los productores, según las circunstancias.

Existe secuestro del Estado cuando los organismos creados para regular las disposiciones de las autoridades, ejerzan su función a favor del interés general, pero cuando actúa en pro de políticos o grupos con interés del sector que ha de vigilar, controlar y darle seguimiento, el papel de esos organismos pierde credibilidad, permitiendo que gran parte de la sociedad civil con sus movilizaciones disuade a los representantes de los poderes fácticos de que la corrupción no puede propagarse, si no se libera al país del secuestro en que lo mantiene a impunidad.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA