Todavía los dominicanos no hemos erradicado la herencia taina denominada “Complejo de Guacanagarix”, que significa nuestra inclinación por una supuesta supremacía de todo lo procedente del extranjero. Esta condición está presente en determinados círculos criollos al comparar el talento de los profesionales locales con los que proceden de otros países. La introducción obedece a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, por el interés mostrado en la Procuraduría General de la Republica (PGR) de investigar si hubo sobrevaluación en las obras realizadas por la empresa brasileña Odebrecht, responsabilizando a la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana (CCRD) para la ejecución de las experticias correspondientes.

Aparentemente el “Complejo de Guacanagarix” tiene algunas reminiscencias en los miembros de la CCRD, dado el hecho de gestionar la importación de técnicos extranjeros para realizar auditorías a las obras ejecutadas por Odebrecht en la Republica Dominicana y determinar si hubo sobrevaluaciones en cada una de ellas. Quizás los miembros recién designados no estén enterados de que los asesores del BID que trabajaron en la implementación del proceso de modernización de la Cámara, dentro de los manuales de auditoria, se elaboraron todo lo referente al análisis y evaluación de proyectos de obras de ingeniería; los cuales, tienen aplicación desde el año 2002, con la contratación y capacitación de profesionales de la ingeniería, abogados, economistas, contadores y auditores.

Pero, independientemente de que la CCRD posea o no esos técnicos en la actualidad, el artículo 31 de la Ley 10-04, que regula las actividades de la Cámara de Cuentas, le da la potestad de contratar firmas privadas, cuyo texto es el siguiente: “Las auditorias, los estudios y las investigaciones especiales y el control presupuestario previstos en el artículo que antecede serán ejecutadas por profesionales capacitados y con valores éticos, quienes deberán cumplir las leyes, las normas de auditoria gubernamental y las guías especializadas, elaboradas por la Cámara de Cuentas para los procesos de planificación y ejecución, comunicación de resultados y otras actividades conexas”. El artículo 32 de la referida Ley, dicta las normativas para la contratación de las firmas privadas.

Para realizar una auditoria forense, que es el nombre aplicable a este tipo de intervención, con el propósito de investigar si hubo sobrevaluación o no en el proceso de construcción de una obra civil, se debe conformar un equipo multidisciplinario de profesionales, coordinado por una persona experimentada en detectar las variables de

los estándares de precio y cantidad; además, de elaborar la planificación y establecer el programa de auditoria a ejecutar. El equipo de profesionales deberá tener un mínimo de siete profesionales, compuesto por dos Contadores-Auditores, Tres Ingenieros (uno Civil, uno Industrial y otro Estructuralista), un Abogado, un Economista y un Coordinador, responsable de la comunicación de los resultados.

El equipo encargado de investigar la obra tendrá que analizar la forma y condiciones de la contratación, el diseño, los presupuestos, las cubicaciones y efectuar los descensos físicos en la obra, para tomar las muestras necesarias y compararlas con los hallazgos detectados en las cubicaciones reportadas. Con estas herramientas el equipo está en disposición de determinar si hubo o no sobreevaluación en una obra, conforme a los estándares de cantidad y precio establecidos en los documentos que sirvieron de base para adjudicar el proyecto de construcción.

En los últimos tres lustros muchos jóvenes dominicanos, se han preparado con posgrados y maestrías, tanto local como en el extranjero, en diferentes profesiones ligadas a los sectores productivos del país. Y cuentan con el conocimiento y la experiencia para desenvolverse en cualquier actividad que así lo demanden los procesos de desarrollo por los cuales está transitando la Republica Dominicana. Aquí tenemos una cantera de profesionales capacitados para detectar sobrevaluaciones, no hay que importar.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA