Después de casi cinco meses que se destapó el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en varios países, según testificaran los funcionarios de la empresa constructora ante un tribunal estadounidense, en más de cinco gobiernos latinoamericanos las autoridades representantes del ministerio público han actuado diligentemente, identificando imputados y sometiendo a la justicia a las personas responsables de aceptar los referidos sobornos.

Hace veinticinco años la palabra corrupción estaba corroyendo los cimientos de los gobiernos en distintas partes del mundo. Pero en América Latina su impacto fue mayor por las debilidades institucionales y la composición de los cuerpos legislativos, donde los partidos dominantes contaban con una mayoría abrumadora. Los poderes adquiridos por personas y grupos durante ese tiempo, han propiciado el surgimiento de nuevas élites económicas que se consideran con derecho de utilizar el Estado para fortalecer y mantener sus riquezas.

El panorama en los países involucrados por las acciones de Odebrecht, ha creado una catarsis colectiva en la clase política gobernante. Esta situación se puede observar cómo en las dos primeras décadas del Siglo Veintiuno se han manifestado, utilizando un modus operandi, primero descubriendo la piedra filosofal de la corrupción, y después, creando las condiciones de perpetuarse en el poder para satisfacer sus apetencias, sin importar su procedencia, ya sea del erario público, de las arcas privadas o de una combinación de ambos sectores.

Los estragos producidos en los países latinoamericanos afectados por la catarsis corrupta de la empresa brasileña, se pueden contabilizar de la siguiente manera: En el Perú, dos presidentes y un funcionario municipal tienen procesos judiciales por sobornos recibidos de Odebrecht. En Colombia, las investigaciones apuntan en la dirección del presidente actual y otro ex funcionario de su gobierno. En Brasil, casi un centenar de funcionarios públicos y electos están siendo judicializados. De igual modo, los gobiernos de Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Guatemala y República Dominicana se ven envueltos en la mancha provocada por las intervenciones de la empresa constructora brasileña y con tendencia a expandirse en todo el territorio de la región.

En nuestro país hace dos décadas que se contabilizó el alcance financiero de la corrupción, cuando en sus discursos de campañas un político precisó que la corrupción se “traga 30 mil millones de pesos” de las arcas nacionales. Esa declaración fue acogida por algunos funcionarios públicos y electos como su “piedra filosofal”, ya que entendieron que sus indelicadezas podrían convertirse en oro, como al efecto así ha sucedido. Pues han contado con una empresa, que desde el 2001, ha venido manipulando para conseguir a su favor más de cinco mil millones de dólares en obras de infraestructuras.

Tomando en consideración el volumen de dinero manejado por la empresa brasileña, el valor que ella testimonió ante un tribunal estadounidense como soborno dado a las autoridades dominicanas, es una suma insignificante, pues 92 millones de dólares no representa ni el dos por ciento de lo contratado, al menos que se adicionen otras partidas como aportes a las campañas electorales, que se encuentran en la palestra pública como otro elemento a investigar. Todo esto ha creado una especie de conjeturas en círculos políticos, debido a la intervención de la empresa constructora internacional, de nombre Odebrecht en los asuntos internos dominicanos. Para el Ministerio Publico este asunto se ha convertido en una materia difícil de superar, pues en otros países los culpables están identificados y aquí no.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA