Desde el sector público muchos funcionarios han dado demostraciones de como ajustar sus presupuestos personales de la manera más fácil. Esa práctica se inició en los ministerios gubernamentales, siguiendo por los organismos colegiados hasta llegar a los municipios del país. Esos aumentos de sueldos que de forma individual y grupal se adjudican autoridades han tenido diferentes escenarios, sucedió en los ministerios de Educación y Turismo; en las cámaras de Diputados, de Senadores y en la de Cuentas; también, en los tribunales de justicia y electorales. Pero donde últimamente ha habido más recurrencia, es en las entidades edilicias (Ayuntamientos y Juntas Municipales).

En nuestras investigaciones, hemos detectado que esos aumentos obedecen a posiciones y criterios de personas van al mercado laboral del sector público con las miras de resolver sus problemas económicos y no para servir y desarrollar los valores institucionales. Lo lamentable de esas decisiones es que no se utiliza un baremo para determinar los méritos de los beneficiarios.

Llegamos a la conclusión, después de analizar los casos de aumentos injustificados y desproporcionados, que la mayoría de los involucrados, conocedores que están violando leyes y reglamentos internos de la institución, persisten en adjudicarse esas modificaciones salariales, con el propósito de crear un “escudo fiscal”. Este mecanismo consiste en establecer un importe equivalente o mayor al valor de los descuentos que cada servidor público está obligado a especializar. Por ejemplo, si un funcionario publico devenga un sueldo de 100 mil pesos mensuales, recibe 80 mil con los descuentos. Entonces, como ese funcionario “resuelve sus problemas” con un nivel de cien pesos, para que reciba su “sueldo limpio” tiene que aumentarse, por lo menos 30 mil pesos por encima de los cien mil para poder cobrar los 100 mil “netos” que el desea. De ese modo, construye su propio “escudo fiscal”.

Los servidores públicos que utilizan forma de resolver sus problemas económico, lo hacen porque creen que tienen la plataforma política como apoyo a sus desmanes, sin tomar en consideración que la Constitución de la Republica y Ley 41-08 de Función Pública, establecen prohibiciones para aquellos funcionarios que legislen para su provecho personal. Mayor seria la violación, si esos incrementos de sueldos no estaban contemplados en el Presupuesto de esa institución para el periodo de su ejecución.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA