En varios artículos publicados en este mismo medio, le he recomendado al Gobierno Central tomar medidas para evitar un apalancamiento desproporcionado que imposibilite cubrir los compromisos contraídos con el servicio de la deuda. Ahora vuelvo a recalcar, que un aumento de la deuda pública, donde el Sector Centralizado es el mayor compromisario de los préstamos obtenidos, esta colocando en una situación difícil la solvencia del país.

Cuando una entidad decide tomar prestado para financiar sus actividades, lo primero que analiza es cómo y cuando procederá a redimir la obligación contraída. Para cumplir con ese compromiso debe apoyarse en la solvencia o capacidad de pago. Debido a que el Estado Dominicano no cuenta con un registro exhaustivo de sus bienes patrimoniales; es decir, no puede demostrar, en base a un Estado de Situación que cuantifique el volumen de los bienes que posee y cual es poder de respuesta en un momento dado a las exigencias de los acreedores, la tesis de los obligacionistas : “que el Estado no tiene límites en su capacidad de crédito”, siempre han sacado ventajas del Estado Dominicano, y nunca han dado la cara cuando la Republica Dominicana ha fallado en sus compromisos, pues quien paga al final, es el efecto intervencionista que aplican los acreedores, empezando por el control de las aduanas y otros medios de pagos.

Al no existir un criterio definido entre las autoridades responsables de gestionar y administrar los recursos presupuestarios, hasta el momento los déficits ocasionados por mayores volúmenes de Gastos con respecto a los Ingresos, peligrosamente se está observando como algo normal en la economía del país. Desde el 2014 esos déficits se mantienen en el orden de los setenta mil millones de pesos anual, y como una coincidencia inquietante, ese importe tiene mucha similitud con el pago del servicio de la Deuda Publica, consignado en el Presupuesto Nacional, representando un 2.6 % del PIB cada año. Como dato adicional, la relación Deuda-PIB es de un 46 % y al 31 de octubre del 2016.

Paulatinamente, el Estado Dominicano viene acusando un aumento sistémico de los compromisos por préstamos otorgados de instituciones crediticias nacionales e internacionales, por lo que la Deuda Pública representa en los actuales momentos, casi un 50 por ciento del PIB, que comparado con un 24 % del 2010, la situación es preocupante.

Los déficits fiscales que se han registrado en el Presupuesto Nacional para cubrir los gastos del Sector Público, desde el año 2010, implican una mayor deuda pública, acusando un promedio (mínimo) de setenta mil millones anuales para cubrir los referidos déficits. Si persiste este método de financiar el gasto y no se establece un mecanismo para que el gasto público sea de calidad, el país se verá compelido a recurrir a préstamos con tasas de intereses más onerosas, que provocarán un aumento del servicio de la deuda, dejándole poco margen al Gobierno para atender las necesidades del pueblo dominicano. Esta situación podría ser un elemento desestabilizador para la buena marcha de la Nación. Ya tenemos ejemplos de gobiernos extranjeros que han pasado y están pasando por esas malas experiencias.

Por Julio Gutiérrez Heredia