SANTO DOMINGO, RD.- Ver los vídeos, observar las fotos y presenciar físicamente el desastre ocasionado por las intensas lluvias en casi todo el territorio nacional, pero muy en especial en las comunidades de la zona norte del país, debe mover la conciencia del pueblo dominicano y llamar la atención de las autoridades responsables de regular los asentamientos de personas y grupos en lugares vulnerables, cuando las condiciones de la naturaleza son adversas. Todos los lodos que estas aguas han dejado, demuestran que la planificación, los métodos de trabajos y las decisiones administrativas deberán ser objeto de una exhaustiva revaluación, para ajustarlos a la realidad de la Republica Dominicana, ubicada “en el mismo trayecto del sol”, (también de los huracanes).

Sabemos del tipo de viviendas que construye la clase más depauperada, cuya estructura no resiste las inclemencias del tiempo, pero la situación empeora cuando las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente permiten que esas construcciones se realicen en las orillas de ríos y cañadas. En momentos de catástrofes naturales, estos moradores se convierten en los primeros damnificados, y muchas veces son damnificados forzosos, debido a que se resisten a ausentarse de esos lugares declarados en peligro público. Esta situación, en algunas ocasiones se ha pretendido resolver con el asentamiento de esas familias en construcciones más sólidas, pero sucede que saliendo ese grupo, se alojan de inmediato otros en los mismos lugares declarados peligrosos. Este movimiento, lamentablemente, se ejecuta “con la vista gorda” de personas encargadas de evitar asentamientos en esas zonas prohibidas.

En el área de las obras civiles relacionadas con la construcción de edificios públicos, como son las escuelas, y las vías de acceso terrestre, las imágenes llegadas a la vista, descubrieron los vicios de construcción de locales escolares donde “llovía adentro y escampaba afuera”, y paredes perimetrales caídas por la falta de una buena zapata. En determinadas calles y carreteras del interior del país, afectadas por las consistentes lluvias, se pudo observar como el asfalto se quedaba como un lienzo, mientras la base y el relleno desaparecían bajo el material denominado “tarvia”. De acuerdo a expertos en materia vial, los que construyen y los que supervisan esas obras, no exigen la aplicación de normas internacionales vinculadas con las alturas sobre el nivel normal de los terrenos por donde pasaran esas vías de comunicación terrestre. Esta situación también se refleja en los puentes y sus aproches, ya que no se toma en cuenta el empuje lateral del relleno en cada orilla. Si no hay supervisión, los materiales (en cantidad y valor) podrían ser inadecuados y la construcción no satisfará las necesidades de la comunidad.

Los cálculos, en términos monetarios, ascienden a más de 20 mil millones de pesos en pérdidas, ocasionadas por los intensos aguaceros, provocando inundaciones en zonas rurales y urbanas del Este y Norte del país. A esa cifra nunca podrá contabilizarse el valor de los bienes personales de los afectados, donde personas no encontrarán sus viviendas ni mucho menos el lugar en el cual estaban ubicadas, pero mayor aun, las pérdidas humanas que desgraciadamente han sucedido siempre serán irrecuperables. Muchas de estas aflicciones pudieron haberse evitado, si las autoridades responsables de preservar los recursos hídricos, no permitiendo la tala de árboles y la extracción de materiales de las cuencas de los ríos, que en muchos lugares fueron las causas de desbordes como consecuencia del aumento del caudal sin la protección natural de sus riveras. De igual modo, en materia de construcción, se permitió la fabricación de escuelas a destajos, obviando protocolos importantes en su construcción, como ha sucedido en las vías terrestres, evidenciándose tramos sin la cantidad de pulgadas de relleno y el volumen de capa asfáltica exigidos por el tránsito y tipo de vehículos que recorren por ese sector o la zona.

Por Julio Gutiérrez H.