Los daños colaterales de la corrupción son más mortíferos que los bienes enajenados fruto de esas actividades dolosas. Esos daños se pueden evidenciar a partir del efecto de demostración de los bienes personales que los corruptos exhiben, sin capacidad para justificar el origen de los mismos, hasta “adueñarse” de terrenos propiedad del Estado Dominicano, utilizando subterfugios, apoyándose en maniobras de funcionarios adictos al soborno. De esta manera, el patrimonio estatal se ha convertido en presa fácil para los depredadores anidados en las nóminas públicas.

El posicionamiento de la corrupción en nuestro país, obedece a la continuidad de personas, grupos u organismos políticos en el poder. Debido a que ese flagelo se enquista en las altas instancias, es difícil su erradicación, ya que en esos niveles de mando, el aliado más nocivo es la impunidad. Por la diversidad de sus manifestaciones, la corrupción se puede percibir en cualquier escenario donde exista un contubernio, ya sea por negligencia, hipervaluacion (cuando se trata de comprar o contratar servicios), subvaluación (al momento de vender o ceder bienes del Estado), soborno (aceptar un funcionario público valores en efectivo, en especie o en naturaleza a cambio de una gestión), peculado (la sustracción de caudales o efectos cuya administración o custodia haya sido confiada al autor de esta acción), nepotismo (la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo). Que tal

De los actos corruptos el que más se prolifera en las esferas gubernamentales es el nepotismo y, esto sucede porque la mayoría de los funcionarios proclives a esta “indelicadeza”, ocupan altas posiciones en el partido en el poder y, también, los que tienen cargos importantes en las administración pública, consideran que las instituciones a las cuales pertenecen, por el solo hecho de ocupar la posición, esa institución pasa a formar parte del patrimonio personal, siendo regenteadas como si fueran empresas de único dueño. Esta manifestación adquiere más relevancia, cuando un funcionario permanece por varios periodos gubernamentales consecutivos en un cargo, sin ser removido.

Las entidades estatales de supervisión y control como son la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública, no actúan conforme a sus deberes y responsabilidades, para contrarrestar el nepotismo enraizado en el sector público. De igual modo, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Cámara de Cuentas no ejercen su autoridad, para suspender o dejar sin efecto cualquier transacción donde el patrimonio estatal haya sido afectado; más bien, tratan de soslayar las violaciones recurrentes a la Ley 340-06 y otras herramientas legales supletorias.

En un periodo pre y electoral como acontece en la actualidad, en el que están inmersos los candidatos oficiales con don de mando en las instituciones estatales en las cuales pertenecen, los nombramientos y ordenes de compras expresos, son el modus operandi, pero debido a que los responsables de supervisar y controlar estas prácticas ilícitas, forman parte del tinglado que aúpa el posicionamiento de la corrupción, no hay sanción.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense