En los discursos y movilizaciones de las agrupaciones y partidos políticos que competirán en las próximas elecciones, a celebrarse en los meses de febrero y mayo del presente año, los dominicanos han pasado por alto, un tema que en eventos similares, en contiendas electorales anteriores, era el estribillo de los enfrentamientos políticos.

Debido a las alianzas y acuerdos variopintos de partidos y organizaciones, para la presente campaña, que otrora se caracterizaban por enrostrar a su oponente con pronunciamientos vinculados a actividades corruptas de cada quien, ahora no se estila. En los discursos pre-electorales, la palabra corrupción ha desaparecido del diccionario de los competidores.

No es para menos, pues el panorama político, en la actualidad, se ha divido en dos grandes grupos de movimientos, organizaciones y partidos políticos. La mayoría de esas entidades, se han desprendido de sus ideales políticos (de derecha, de izquierda, de centro izquierda o centro derecha, liberales, etc.), para agruparse según los intereses y los objetivos de los que pretenden perpetuarse o desean ascender al poder.
En las alianzas y coaliciones aceptadas por la Junta Central Electoral (JCE), mediante la Resolución No.32-2019, del 28 de noviembre de 2019, se aprobaron las alianzas encabezadas por el PLD, las siguientes organizaciones: PRD, MODA, PCR, UDC, PLR, PPC, PAL, PDP, PRI, PNVC, PP. En las encabezadas por el PRM, aparecen las siguientes entidades: PRSC, ALPAIS, PHD, BIS, DXC, FA, PTD (Fuerza del Pueblo), PQDC, FNP, APD, PRSD, PUN, PP.

Prácticamente, el panorama político se ha polarizado en dos grandes grupos de partidos y agrupaciones cuyas alianzas no dan cabida a enarbolar la bandera contra la corrupción, pues al intentarlo “lastimarían” sensiblemente a un aliado con antecedentes de actividades opacas. Los enfrentamientos entre los dos grandes grupos de partidos se han circunscritos al tema del proceso y los mecanismos que utilizará la JCE para organizar y celebrar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, relacionados con los intentos de fraudes.

Desde las Primarias efectuadas en el mes de octubre del año pasado, las denuncias de fraudes han puesto a la JCE contra la pared. A partir de esa percepción, el PLD se escindió en dos facciones. Esta situación dio motivo a un reagrupamiento de las fuerzas políticas del país. Hasta el momento se han realizado alianzas y coaliciones entre organizaciones con visiones políticas totalmente diferentes, por no decir irreconciliables, que el votante común nunca se imaginó que sucederían.

Lo preocupante de las coaliciones es que todos los componentes pretenden ser la “cabeza del león”, en todos los pormenores relacionados con las próximas elecciones. Esta correlación de fuerzas ha “inundado” al Tribunal Superior Electoral de querellas y procedimientos legales que afectan a partidos y candidatos. Mientras en la Junta Central Electoral, el forcejeo se ha manifestado en exigir una auditoría a los equipos y programas informáticos, por carecer de la confianza de los afectados en las primarias y la venidera contienda, obligando a la JCE a emitir Resoluciones salomónicas como la de volver a las boletas impresas y utilizar plataformas cibernéticas, en un lugar si y en otro no.

Por las características de la formación y/o constitución de los grupos políticos, su mesa directiva están compuestas por miembros de mentalidad jerarquizantes, donde la palabra “líder” sustituye a los patronímicos del interlocutor. Ante este escenario político, los candidatos y sus simpatizantes, se creen merecedores del favor de los votos. En tal sentido, cualquier resultado adverso, provocará una avalancha de demanda que no podrá contener la JCE. Esto es así, por la diversidad de criterios contenidos en la composición de las alianzas y las coaliciones de las organizaciones políticas a participar en las próximas elecciones.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense