La matriz energética dominicana ha adolecido de un déficit crónico, es decir, la demanda siempre ha estado por encima de la oferta. Además, el parque industrial generador de electricidad, ha producido, para el mercado spot y por contratos, el kilovatio hora (KVH) más caro de la región. Desde la instalación del primer generador eléctrico, en el país, en el año 1905, la capacidad de generación no era suficiente para cubrir la demanda en las horas picos, lo que derivó en constantes restricciones del suministro y apagones masivos de hasta 20 horas a sectores más vulnerables de la población. Esos apagones, producto de la escasez en la generación, tenían su origen en la falta de generadores eléctricos, carencia de un adecuado programa de mantenimiento, pero también se debían a los “apagones financieros”. Después de la caída del régimen trujillista, todos los gobiernos apuntan a priorizar la solución de la crisis permanente del servicio eléctrico.

En la década de los noventa fue tan grave la crisis del sistema eléctrico que el gobierno del periodo 96-2000, hizo un intento fallido de resolver el problema energético en la República Dominicana con la aplicación acomodaticia de la Ley 141-97 de Capitalización de las Empresas Públicas, que incluía las tres C’s del Estado (CORDE, CEA Y CDE). La última se dividió en tres tipos: empresa de Generación, empresa de Transmisión y empresa de Distribución, creado tres unidades comerciales: Edeeste, Edenorte y Edesur. Para la mayoría de los dominicanos, esta fórmula no resolvió el déficit de generación, tampoco la rebaja en el precio de KWH ni la incapacidad administrativa.

Durante el periodo dos mil al 2012, el sistema energético le hizo una sangría al Presupuesto Nacional, segregando más de tres mil millones de dólares como subsidio “para disminuir los apagones y mantener las tarifas estables”. Ese dinero fue a parar a los bolsillos de inversionistas extranjeros poseedores de la mitad de la matriz energética del país.

Desde la toma de posesión, en el 2012, el gobierno actual, consideró que el proyecto energético operado con combustible sólido, como el carbón mineral, podría resolver la crisis que ha afectado al sistema por tiempos. En este sentido, se localizó el lugar denominado como Punta Catalina, en la provincia Peravia, como el lugar más estratégico para su desarrollo. La idea fue, construir dos plantas generadoras de electricidad con una capacidad instalada de 752 Megavatios. De ahí se desprende el nombre del “Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina”.

El proyecto Punta Catalina, considerado como la panacea del gobierno actual para resolver la crisis energética del país, desde su inicio, presentó inconveniencias, incongruencias e indelicadezas en su formulación. Los primeros ruidos se oyeron en el proceso de licitación, debido a la empresa que resultó ganadora; después, se conocieron los abultamientos de costos de la empresa Odebrecht, que fue la ganadora del concurso y luego las denuncias de malas prácticas en materia de sobornos de esa misma empresa.

En la actualidad la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), de acuerdo a sus promotores, está en la etapa final de su instalación. Su costo total es un secreto de estado. Solo se sabe por boca de su administrador que la CTPC “suplirá entre un 30 a un 35 por ciento de la demanda total”. Que “sus ingresos anuales superaran los US$500 millones y que el nivel de ganancias antes de intereses, impuestos y depreciación, será de US$240 millones”. También ese funcionario indicó que el proyecto impactara positivamente en las finanzas públicas, por la reducción del precio de sus compras en el mercado Spot de energía eléctrica del país.

Según cálculos extraoficiales, la CTPC se construyó con una inversión de US$3,345 millones, ahora resulta que el Gobierno dominicano ha dispuesto la constitución de una empresa que será la tenedora de las acciones con el propósito de colocar en el mercado de capitales internacional un 49 % de unos 2,500 millones de dólares. Esta decisión ha causado sorpresa en la opinión pública, ya que un proyecto de esa naturaleza, se le vendió al pueblo como la solución del sistema energético nacional. Extraña que un proyecto con tantas bondades y con una tasa de retorno de aproximadamente entre 10 a 15 años, dentro de una vida útil de 45 años, el Gobierno quiere desprenderse de su control total. Aparentemente, nadie quiere a la pobre Punta Catalina, pues la oferta de venta de sus acciones no ha tenido respuesta de inversionistas extranjeros, por el momento.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense