Mediante la Resolución número 58/4, de fecha 31 de octubre del año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargó a un Comité Especial, negociar una Convención para formular mecanismos serios y responsables destinado a enfrentar uno de los flagelos que más daño a provocado a la humanidad, desde tiempos inmemoriales, que es el acto humano de la corrupción; en tal virtud, se celebra en la ciudad de Mérida, México, los días del 9 al 11 de diciembre de 2003, la Conferencia Política de Alto Nivel, para declarar el día 9 de diciembre de cada año, el Día Internacional de la lucha contra la Corrupción.

Cada año, el Secretario General de las Naciones Unidas, emite un mensaje con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. En este día 9 de diciembre del 2019, su mensaje describe aspectos desgarradores de este flagelo, veamos: “Cada año, billones de dólares -el equivalente de más del 5 % del Producto Interno Bruto mundial- se pagan en sobornos o se roban a través de prácticas corruptas que socavan gravemente el estado de derecho y amparan delitos como el tráfico ilícito de personas, drogas y armas. La evasión de impuestos, el blanqueo de dinero y otros flujos ilícitos desvían de su destino recursos muy necesarios para escuelas, hospitales e infraestructura esencial; fondos esenciales para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En el Artículo 5, Numeral 1, de la Resolución No.58/4, se establece el objeto de los Estados Partes, firmantes de dicha Convención, conforme se detalla a continuación: “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”. La República Dominicana como Estado Parte que firmó junto a 195 países la Convención que dio origen a la referida Resolución. El Gobierno dominicano, a pesar de crear departamentos e instituciones orientadas a combatir la corrupción, los resultados de una debida gestión, no han llenado las expectativas del pueblo.

En nuestro país, las actividades corruptas que afectan aspectos sociales, económicos, políticos, medioambientales, etc., están clasificadas de acuerdo a la interpretación que le dé el implicado. Por una posición acomodaticia hay personas y grupos que perciben con normalidad algunas acciones que en ocasiones realizamos como normal, pero en el fondo violan principios éticos y morales, tales como: violar la luz roja de un semáforo; intento de soborno a un agente del orden; comprar productos o mercancías a sabiendas que son robados; pagar para obtener un documento de forma ilegal. Cuidado si vemos estos movimientos como algo natural.

Esa tendencia, nos podría asemejar a algunos corruptos que consideran, que el nepotismo, el soborno, la coima, forman parte de su estilo de vida. Utilizando mecanismos como es la manipulación de la información, para deformar u ocultar la prepotencia de sus actos.

En una escala mayor, las acciones de la corrupción se manifiestan con mucha complicidad, en el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, daños al medioambiente por la extracción de materiales de las dunas y las márgenes de los ríos, el otorgamiento grado a grado de obras y servicios estatales, la falsificación de productos medicinales, etc.

El Día Internacional contra la Corrupción se conmemora desde hace diez y seis años. Llama la atención que desde el 2003 a la fecha, ninguno de los gobiernos de nuestro país, se ha pronunciado como Estado Parte de esa Resolución No.58/4, para garantizar la lucha eficaz contra ese flagelo. Esta indiferencia, por parte del Estado Dominicano, ha generado inquietud en organismos internacionales, con mayor razón, por los casos alarmantes de corrupción, que van desde firmar sin leer un contrato minero oneroso para el país, hasta el abultamiento en los costos y gastos de obras civiles, proyectos energéticos y compra de maquinarias y equipos. Es preciso recordar que el mejor antídoto contra la corrupción, es la honestidad.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense