Hace casi un lustro, sucedió en la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada el 15 de diciembre de 2015 y ratificada en 22 de abril de 2016, con la firma de 195 países, incluyendo el nuestro. Recientemente, en España, se celebró la Cumbre de Madrid sobre el Cambio Climático (COP25), confirmando la necesidad de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que permita mantener la temperatura del planeta en niveles aceptables para la humanidad. En ninguno de los dos eventos nuestros representantes hicieron mención de que la República Dominicana, en vez de invertir en proyectos de energía renovables, ha carbonizado la matriz energética con la construcción de dos plantas generadoras de eléctrica a un costo de más de tres mil cuatrocientos millones de dólares.

En el conclave celebrado en Paris, se destacó el riesgo en invertir en plantas generadoras de electricidad alimentadas por carbón. Según lo explica el Grupo Citi: “El carbón es la fuente más contaminante a la hora de generar electricidad. Dentro de los combustibles fósiles es el que más emisiones de gases de efecto invernadero expulsa”. Si la Conferencia de Paris se efectuó el 15 de diciembre del 2015 y cuatro meses después el Estado Dominicano se compromete como firmante a contribuir a un desarrollo resiliente al clima, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, no se explica cómo impulsa un proyecto termoeléctrico divorciado totalmente con los acuerdos aceptados, “contra viento y marea”, como el dicho popular.

Las autoridades gubernamentales hicieron caso omiso a los pronunciamientos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), cuando esta entidad, expresa: “la inversión en tecnologías limpias para generar energía, como son la eólica, la hidráulica y la solar, está moviendo a las empresas en el mercado de la generación eléctrica”. Al contrario, siguieron adelante con un con su proyecto.

Los gobernantes dominicanos de las últimas dos décadas no pueden argumentar desconocimiento del compromiso rubricado en nombre del país, partir del Protocolo de Kioto, en el 1997 y refrendado en el 2005, por lo que, cuando se decidió instalar la planta de Punta Catalina, cuya generación de electricidad es sobre la base del uso exclusivo del carbón mineral, ya se sabía que la mayoría de los países con plantas similares estaban descontinuando la generación de energía con combustibles fósiles. No obstante, las advertencias de expertos en el tema eléctrico y los consejos de analistas financieros sobre el alto costo de esa inversión, adicionándosele los contratiempos con la empresa constructora Odebrecht, las autoridades actuales no hicieron caso a los informes adversos del proyecto.

En la Cumbre de Madrid, el presidente de la República manifestó su interés de modificar la matriz energética, contando con la proyección de instalar 604 megavatios en energía hidráulica, solar y eólica, que sería el equivalente de un 25 % del parque eléctrico nacional.

Mantener un discurso descarbonizado en la Cumbre sobre el Cambio Climático (COP25), a sabiendas que la matriz energética del país está compuesta en su mayoría por plantas generadoras de electricidad que consumen combustibles productores de gases con efecto invernadero, es asumir una actitud incómoda ante representantes de un cónclave cuyo fin principal, es la reducción y/o eliminación de centrales eléctrica para el 2022. A todo esto, llama la atención, que el Primer Mandatario de la Nación, a su regreso de la referida Cumbre, la última decisión sobre el proyecto de Punta Catalina, está relacionada con la constitución de una entidad con personería jurídica, cuyo capital negociado, unos dos mil millones de dólares, sería pagadero en 360 cuota mensuales por la adquiriente, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). 360 cuotas es el equivalente de 30 años, lo que significa que el proyecto Punta Catalina durará ese tiempo emitiendo gases de efecto invernadero, pues en vez de disminuir las emisiones, aumentarían, contradiciendo de esta manera, el discurso del Primer Mandatario de la Nación.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense